España ha aprobado un nuevo marco regulador de la prestación de la Seguridad Social destinada a las personas trabajadoras que reducen su jornada para cuidar de un hijo o de otra persona menor de edad protegida que padezca cáncer u otra enfermedad grave. El Real Decreto 957/2026, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla el régimen jurídico de esta prestación económica, entrará en vigor el 5 de enero de 2027, sustituyendo a la regulación vigente desde 2011.
La reforma introduce cambios relevantes con repercusiones directas para las empresas: amplía los supuestos protegidos, adapta la prestación a las distintas estructuras familiares y a las particularidades del trabajo a tiempo parcial, y modifica los certificados y la documentación que deben gestionar los departamentos de Recursos Humanos y Nóminas.
Qué protege la prestación
La prestación CUME tiene como finalidad compensar la pérdida de ingresos de las personas trabajadoras, por cuenta ajena o propia, que tienen la necesidad de reducir su jornada en, al menos, un 50 % para atender el cuidado directo, continuo y permanente de un hijo o persona causante protegida afectada por cáncer u otra enfermedad grave. Con carácter general, ambos progenitores o cuidadores deben ejercer una actividad laboral, aunque se prevén reglas específicas para las familias monoparentales y determinados supuestos excepcionales.
Para una persona asalariada, la prestación equivale normalmente al 100% de la base reguladora de incapacidad temporal por contingencias profesionales, aplicada en proporción a la reducción de jornada. Una reducción del 50% genera, por tanto, un subsidio correspondiente al 50% de dicha base. Se devenga diariamente y lo abona la entidad gestora o mutua colaboradora, no la empresa como salario.
La norma se aplica a los regímenes de la Seguridad Social, salvo las excepciones expresas. El personal funcionario sujeto al Estatuto Básico del Empleado Público mantiene su regulación específica.
Novedades de la normativa
El ingreso hospitalario deja de ser el único modelo
Una de las principales novedades reconoce que los tratamientos intensivos se prestan cada vez más fuera del hospital. La situación protegida puede comprender hospitalización domiciliaria, tratamientos ambulatorios o continuados, terapias especializadas complejas en el domicilio y otros cuidados domiciliarios complejos prescritos médicamente.
Deben cumplirse dos condiciones. Un facultativo del servicio público de salud ha de acreditar que el cuidado es directo, continuo y permanente, y la ausencia de ingreso convencional debe responder a criterios clínicos, terapéuticos u organizativos, no a una menor intensidad asistencial.
La escolarización no extingue automáticamente el derecho. Es compatible cuando tratamientos, controles, crisis, medicación, desplazamientos frecuentes u otras circunstancias clínicas siguen exigiendo disponibilidad efectiva del cuidador.
Acceso más amplio y protección prolongada
Desaparece la exclusión de quienes tenían una jornada parcial efectiva igual o inferior al 25% de la jornada completa comparable. El trabajador a tiempo parcial puede acceder si reduce su propia jornada al menos un 50%; el subsidio será proporcional a la reducción.
La protección puede mantenerse hasta los 23 años cuando la enfermedad grave se diagnosticó antes de la mayoría de edad y persisten el tratamiento y los cuidados. Puede alcanzar los 26 si antes de los 23 se acreditó una discapacidad mínima del 65%. Excepcionalmente, puede continuar después de los 26 cuando exista discapacidad de al menos el 65% o dependencia de grado III y se mantengan la convivencia y el cuidado exigidos.
También se actualiza el listado de enfermedades graves. Se incorporan, entre otras, el trastorno del espectro autista (nivel 3 de apoyo) y el síndrome del neurodesarrollo Poirier-Bienvenu. El listado podrá modificarse por orden ministerial conforme avance el conocimiento médico.
Dos cuidadores: disfrute alterno o simultáneo
Si ambos cuidadores cumplen los requisitos, la prestación puede reconocerse a uno o a los dos, de forma alternativa o simultánea. Los periodos alternos no pueden ser generalmente inferiores a 15 días. En custodia compartida tras separación o divorcio, la alternancia puede coincidir con el régimen de convivencia, cualquiera que sea su duración.
En el disfrute simultáneo por el cuidado de la misma persona, cada cuidador debe cumplir individualmente los requisitos y reducir su jornada. Cada uno percibe el 50% de su propia base reguladora, con independencia del porcentaje exacto de reducción por encima del mínimo legal.
Periodos de reconocimiento y control
La solicitud debe presentarse dentro de los tres meses siguientes al inicio de la reducción solicitada a la empresa para que los efectos económicos comiencen el primer día. Transcurrido ese plazo, la retroactividad máxima es de tres meses.
Según el texto final publicado en el BOE, la prestación se reconoce inicialmente por cuatro meses, con una primera prórroga de seis meses y sucesivas prórrogas de ocho meses mientras subsista la necesidad. Tras los primeros 24 meses, y posteriormente cada dos años, las prórrogas requieren informe vinculante de la Inspección Médica del servicio público de salud.
Qué deben preparar las empresas
La solicitud exige un certificado empresarial que indique la fecha de inicio y el porcentaje de reducción. La empresa también debe acreditar la base de cotización correspondiente: normalmente, la del mes inmediatamente anterior al mes previo al inicio de la reducción, junto con determinadas percepciones no periódicas y horas extraordinarias. Para trabajadores a tiempo parcial, el certificado comprende los tres meses anteriores a ese punto de referencia.
Antes del 5 de enero de 2027, las empresas deberían:
- Actualizar sus políticas para incluir tratamientos fuera del hospital y nuevas estructuras familiares.
- Adaptar los certificados de nómina a los periodos de referencia.
- Establecer un procedimiento para solicitudes simultáneas o alternas.
- Formar a responsables para que no consideren la escolarización como prueba automática de que no existe necesidad de cuidado.
- Limitar el acceso a los datos médicos y familiares.
- Coordinar jornada, nómina, mutua y comunicaciones con la Seguridad Social.
Los grupos internacionales deben aplicar estas reglas al personal cubierto por la Seguridad Social española, aunque sus políticas familiares se diseñen globalmente. La revisión local es especialmente importante cuando la política corporativa utiliza conceptos más restrictivos de hospitalización o persona protegida.
Conclusión
El Real Decreto 957/2026 moderniza la prestación CUME conforme a la realidad de las enfermedades graves: el tratamiento puede prestarse en casa, el cuidado puede compartirse y la protección puede prolongarse hasta la edad adulta.
MDG Advisors recomienda revisar procedimientos y certificados antes del 5 de enero de 2027. Una preparación temprana permitirá apoyar a las familias y aplicar correctamente las reducciones, prestaciones y reglas sobre datos sensibles.

