2026 ES

Una persona adulta sostiene la mano de un menor en casa / An adult holds a child’s hand at home

MÁS ALLÁ DEL HOSPITAL: REDISEÑO DE LA PRESTACIÓN CUME PARA 2027

España ha aprobado un nuevo marco regulador de la prestación de la Seguridad Social destinada a las personas trabajadoras que reducen su jornada para cuidar de un hijo o de otra persona menor de edad protegida que padezca cáncer u otra enfermedad grave. El Real Decreto 957/2026, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla el régimen jurídico de esta prestación económica, entrará en vigor el 5 de enero de 2027, sustituyendo a la regulación vigente desde 2011.

La reforma introduce cambios relevantes con repercusiones directas para las empresas: amplía los supuestos protegidos, adapta la prestación a las distintas estructuras familiares y a las particularidades del trabajo a tiempo parcial, y modifica los certificados y la documentación que deben gestionar los departamentos de Recursos Humanos y Nóminas.

Qué protege la prestación

La prestación CUME tiene como finalidad compensar la pérdida de ingresos de las personas trabajadoras, por cuenta ajena o propia, que tienen la necesidad de reducir su jornada en, al menos, un 50 % para atender el cuidado directo, continuo y permanente de un hijo o persona causante protegida afectada por cáncer u otra enfermedad grave. Con carácter general, ambos progenitores o cuidadores deben ejercer una actividad laboral, aunque se prevén reglas específicas para las familias monoparentales y determinados supuestos excepcionales.

Para una persona asalariada, la prestación equivale normalmente al 100% de la base reguladora de incapacidad temporal por contingencias profesionales, aplicada en proporción a la reducción de jornada. Una reducción del 50% genera, por tanto, un subsidio correspondiente al 50% de dicha base. Se devenga diariamente y lo abona la entidad gestora o mutua colaboradora, no la empresa como salario.

La norma se aplica a los regímenes de la Seguridad Social, salvo las excepciones expresas. El personal funcionario sujeto al Estatuto Básico del Empleado Público mantiene su regulación específica.

Novedades de la normativa

El ingreso hospitalario deja de ser el único modelo

Una de las principales novedades reconoce que los tratamientos intensivos se prestan cada vez más fuera del hospital. La situación protegida puede comprender hospitalización domiciliaria, tratamientos ambulatorios o continuados, terapias especializadas complejas en el domicilio y otros cuidados domiciliarios complejos prescritos médicamente.

Deben cumplirse dos condiciones. Un facultativo del servicio público de salud ha de acreditar que el cuidado es directo, continuo y permanente, y la ausencia de ingreso convencional debe responder a criterios clínicos, terapéuticos u organizativos, no a una menor intensidad asistencial.

La escolarización no extingue automáticamente el derecho. Es compatible cuando tratamientos, controles, crisis, medicación, desplazamientos frecuentes u otras circunstancias clínicas siguen exigiendo disponibilidad efectiva del cuidador.

Acceso más amplio y protección prolongada

Desaparece la exclusión de quienes tenían una jornada parcial efectiva igual o inferior al 25% de la jornada completa comparable. El trabajador a tiempo parcial puede acceder si reduce su propia jornada al menos un 50%; el subsidio será proporcional a la reducción.

La protección puede mantenerse hasta los 23 años cuando la enfermedad grave se diagnosticó antes de la mayoría de edad y persisten el tratamiento y los cuidados. Puede alcanzar los 26 si antes de los 23 se acreditó una discapacidad mínima del 65%. Excepcionalmente, puede continuar después de los 26 cuando exista discapacidad de al menos el 65% o dependencia de grado III y se mantengan la convivencia y el cuidado exigidos.

También se actualiza el listado de enfermedades graves. Se incorporan, entre otras, el trastorno del espectro autista (nivel 3 de apoyo) y el síndrome del neurodesarrollo Poirier-Bienvenu. El listado podrá modificarse por orden ministerial conforme avance el conocimiento médico.

Dos cuidadores: disfrute alterno o simultáneo

Si ambos cuidadores cumplen los requisitos, la prestación puede reconocerse a uno o a los dos, de forma alternativa o simultánea. Los periodos alternos no pueden ser generalmente inferiores a 15 días. En custodia compartida tras separación o divorcio, la alternancia puede coincidir con el régimen de convivencia, cualquiera que sea su duración.

En el disfrute simultáneo por el cuidado de la misma persona, cada cuidador debe cumplir individualmente los requisitos y reducir su jornada. Cada uno percibe el 50% de su propia base reguladora, con independencia del porcentaje exacto de reducción por encima del mínimo legal.

Periodos de reconocimiento y control

La solicitud debe presentarse dentro de los tres meses siguientes al inicio de la reducción solicitada a la empresa para que los efectos económicos comiencen el primer día. Transcurrido ese plazo, la retroactividad máxima es de tres meses.

Según el texto final publicado en el BOE, la prestación se reconoce inicialmente por cuatro meses, con una primera prórroga de seis meses y sucesivas prórrogas de ocho meses mientras subsista la necesidad. Tras los primeros 24 meses, y posteriormente cada dos años, las prórrogas requieren informe vinculante de la Inspección Médica del servicio público de salud.

Qué deben preparar las empresas

La solicitud exige un certificado empresarial que indique la fecha de inicio y el porcentaje de reducción. La empresa también debe acreditar la base de cotización correspondiente: normalmente, la del mes inmediatamente anterior al mes previo al inicio de la reducción, junto con determinadas percepciones no periódicas y horas extraordinarias. Para trabajadores a tiempo parcial, el certificado comprende los tres meses anteriores a ese punto de referencia.

Antes del 5 de enero de 2027, las empresas deberían:

  • Actualizar sus políticas para incluir tratamientos fuera del hospital y nuevas estructuras familiares.
  • Adaptar los certificados de nómina a los periodos de referencia.
  • Establecer un procedimiento para solicitudes simultáneas o alternas.
  • Formar a responsables para que no consideren la escolarización como prueba automática de que no existe necesidad de cuidado.
  • Limitar el acceso a los datos médicos y familiares.
  • Coordinar jornada, nómina, mutua y comunicaciones con la Seguridad Social.

Los grupos internacionales deben aplicar estas reglas al personal cubierto por la Seguridad Social española, aunque sus políticas familiares se diseñen globalmente. La revisión local es especialmente importante cuando la política corporativa utiliza conceptos más restrictivos de hospitalización o persona protegida.

Conclusión

El Real Decreto 957/2026 moderniza la prestación CUME conforme a la realidad de las enfermedades graves: el tratamiento puede prestarse en casa, el cuidado puede compartirse y la protección puede prolongarse hasta la edad adulta.

MDG Advisors recomienda revisar procedimientos y certificados antes del 5 de enero de 2027. Una preparación temprana permitirá apoyar a las familias y aplicar correctamente las reducciones, prestaciones y reglas sobre datos sensibles.

Jesús Raya Zamora

Genia Intelligence en MDG: Del trabajo profesional a la experiencia del servicio al cliente.

¿Qué cambia para el cliente cuando un despacho incorpora la inteligencia artificial a su día a día? Jesús Raya Zamora, que lidera el proyecto de transformación digital de MDG, explica cómo el equipo utiliza Genia para coordinar el trabajo y reducir el tiempo dedicado a tareas repetitivas.

Jesús aborda la protección de datos y la confidencialidad, y cuenta cómo los profesionales aprovechan el tiempo recuperado para hacer un seguimiento más cercano, anticipar problemas y acompañar al cliente en sus decisiones empresariales.

Miriem Diouri García

Genia Intelligence, de despacho tradicional a firma tecnológica.

La idea de Genia Intelligence surgió en unas jornadas sobre inteligencia artificial en junio de 2024. En esta entrevista, Miriem Diouri García explica por qué MDG empezó por revisar sus procesos internos e identificar qué necesitaba el equipo antes de incorporar la IA.

Miriem repasa dos años de transformación en la firma y el papel que han tenido su cultura y sus valores. Para ella, el valor de la tecnología reside en las personas que la utilizan y en su capacidad para adaptarse juntas.

Professional managing electronic invoices on a laptop

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA: QUÉ DEBEN PREPARAR LAS EMPRESAS

La facturación electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales ya tiene un calendario de implantación definido. Para las empresas, el principal reto será adaptar sus programas, controlar la información de los pagos y organizar sus procedimientos internos.

1. Normativa y obligaciones para las empresas

La Ley 18/2022 introdujo esta obligación, desarrollada por el Real Decreto 238/2026 y la Orden HAC/1028/2026. Enviar una factura en PDF por correo electrónico no bastará, por sí solo, para cumplir con los requisitos de facturación electrónica estructurada.

El régimen comenzará el 6 de octubre de 2027 para quienes superen los ocho millones de euros de volumen de operaciones a efectos del IVA en el año anterior, y el 6 de octubre de 2028 para el resto de empresarios y profesionales. La obligación de comunicar estados y pagos se extenderá a las restantes personas físicas y entidades en atribución de rentas el 6 de octubre de 2029. Por tanto, existen diferencias transitorias en las obligaciones de información.

Durante los primeros doce meses de aplicación a quienes superen los ocho millones de euros, las facturas deberán acompañarse también de un PDF legible, salvo aceptación expresa del destinatario para recibir solo el formato estructurado. Este PDF será complementario y no sustituirá a la factura electrónica.

La normativa también introduce la obligación de comunicar determinados estados de las facturas y de los pagos. Una vez realizado el pago completo, el destinatario deberá informar de este y de su fecha efectiva en un plazo máximo de cuatro días, sin contar sábados, domingos ni festivos nacionales, cuando le resulte exigible dicha comunicación.

Por ello, las empresas deberán poder identificar con precisión las facturas pagadas, pendientes o discutidas, y coordinar los datos de facturación con la contabilidad y la tesorería.

2. Las empresas podrán conservar su software

La Agencia Tributaria ofrecerá una solución pública gratuita. Sin embargo, las empresas podrán seguir utilizando sus programas habituales siempre que cumplan los requisitos técnicos y de interoperabilidad. Cuando la factura se emita en una plataforma privada, también deberá enviarse una copia fiel a la solución pública.

Será necesario comprobar el intercambio de facturas estructuradas, la identificación electrónica, el envío de copias y la conciliación contable. Conviene solicitar al proveedor informático un plan de adaptación por escrito, que detalle conexiones, pruebas, gestión de errores y responsabilidades, y no conformarse con que anuncie que su programa está «preparado».

3. ¿Cómo deben prepararse las empresas?

El primer paso es analizar cómo se emiten, reciben y pagan actualmente las facturas. Conviene identificar las operaciones nacionales entre empresarios y profesionales afectadas, confirmar el calendario aplicable y revisar el proceso completo, desde la emisión de cada factura hasta el registro de su cobro.

A continuación, las empresas deberían solicitar a su proveedor informático un calendario concreto de adaptación y realizar pruebas de intercambio, trazabilidad y conciliación de facturas con la contabilidad. También es recomendable revisar los datos de clientes y proveedores, las condiciones de pago y las referencias de las facturas para evitar errores o duplicidades.

La organización interna será tan importante como la tecnología. Habrá que determinar quién comprueba la recepción de las facturas, gestiona rechazos y rectificaciones, registra pagos parciales o fuera de plazo y comunica los estados de pago cuando corresponda. En empresas con varias sociedades, delegaciones o equipos de facturación, será especialmente útil establecer criterios comunes y nombrar a una persona responsable de coordinar las incidencias.

Por último, es aconsejable formar con antelación a los equipos de administración, finanzas y, cuando proceda, al personal comercial. Asimismo, esta obligación debe distinguirse de las reglas específicas sobre programas de facturación, incluido VERI*FACTU: cumplir una normativa no supone cumplir automáticamente la otra.

Conclusión

Prepararse para la factura electrónica no consiste únicamente en disponer de un programa compatible. Es una oportunidad para mejorar la gestión de facturas, el seguimiento de los cobros y los controles internos. Anticiparse permitirá resolver incidencias antes de que lleguen los plazos obligatorios.

Carlos Ramos Calle · MDG Tax Pills

Alquileres turísticos: ¿se acabó la exención del IVA?

Dos reservas de 30 noches pueden tener un tratamiento fiscal distinto. Carlos Ramos Calle explica qué supone la regla prevista para el 1 de diciembre de 2026 y por qué importa si la vivienda alquilada es la residencia habitual del arrendador.

Contrato de trabajo sobre un escritorio de despacho

El contrato ya no lo cuenta todo: nuevas obligaciones de información laboral en España

El Real Decreto 723/2026, en vigor desde el 5 de octubre de 2026, amplía las obligaciones de las empresas españolas en materia de información laboral. A partir de ahora, el contrato de trabajo puede no ser suficiente para cumplir con toda la información que debe facilitarse a los trabajadores antes de iniciar su actividad.

La normativa se aplica a relaciones laborales de duración superior a cuatro semanas. La información podrá facilitarse mediante el contrato, un anexo o documentos adicionales, siempre por escrito y conservando un justificante de su entrega.

¿Qué información deben facilitar las empresas?

Además de los datos básicos del contrato, las empresas deben proporcionar información detallada sobre:

  • Funciones y contratación: descripción del puesto, clasificación profesional y justificación de la temporalidad, cuando corresponda.
  • Retribución: salario base, complementos, periodicidad de pago y criterios de cálculo de las retribuciones variables.
  • Jornada laboral: horarios, distribución del tiempo de trabajo, horas extraordinarias, vacaciones y posibles modificaciones de jornada.
  • Condiciones laborales: periodo de prueba, formación, preavisos, procedimiento de extinción y convenio colectivo aplicable.
  • Otras obligaciones: cobertura de Seguridad Social, planes de igualdad, medidas de conciliación y protocolos frente al acoso y de igualdad LGTBI, cuando proceda.

Transparencia en el uso de algoritmos

Una de las novedades más relevantes es la obligación de informar sobre los sistemas automatizados o algoritmos utilizados para determinar o modificar condiciones laborales.

Esto incluye herramientas empleadas para organizar turnos, asignar tareas, calcular incentivos, evaluar el rendimiento o tomar decisiones sobre promociones y extinciones contractuales.

Las empresas deberán explicar de forma comprensible los criterios utilizados, sin que ello implique necesariamente revelar información técnica confidencial.

Plazos de cumplimiento

Para las nuevas contrataciones, la información deberá entregarse antes del inicio de la relación laboral. Cualquier modificación posterior deberá comunicarse, como máximo, el día en que entre en vigor.

En cuanto a los contratos vigentes el 5 de octubre de 2026, los trabajadores podrán solicitar la información pendiente y la empresa dispondrá de 30 días hábiles para facilitarla.

En conclusión, esta reforma exige a las empresas revisar sus contratos y procedimientos de contratación para garantizar que los trabajadores reciben información completa y transparente sobre sus condiciones laborales.

Person reviewing an electronic invoice on a smartphone and laptop

Factura electrónica B2B en España: calendario y obligaciones principales

La entrada en vigor de la Orden HAC/1028/2026, el 6 de octubre de 2026, ha puesto en marcha el calendario de implantación de la factura electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales, en desarrollo de la Ley Crea y Crece (Ley 18/2022). La reforma busca digitalizar las operaciones comerciales y mejorar el control de la morosidad.

Calendario de implantación

  • 6 de octubre de 2027: Las empresas y profesionales cuyo volumen de operaciones a efectos del IVA haya superado los 8 millones de euros en el año natural anterior deberán emitir y recibir facturas electrónicas y comunicar sus estados y pagos.
  • 6 de octubre de 2028: El resto de empresas y profesionales deberá emitir y recibir facturas electrónicas. Las sociedades y demás entidades obligadas también deberán comunicar sus estados y pagos desde esta fecha.
  • 6 de octubre de 2029: Los autónomos personas físicas y las entidades en régimen de atribución de rentas con volumen de operaciones no superior a 8 millones de euros deberán comenzar a comunicar los estados y pagos de sus facturas. Su obligación de emitir y recibir facturas electrónicas ya habrá comenzado en octubre de 2028.

¿Qué cambia?

La obligación comprende, con carácter general, las operaciones entre empresarios o profesionales cuando el destinatario esté establecido en España o la operación se dirija a su establecimiento español, con las excepciones previstas legalmente.

Un PDF enviado por correo electrónico no bastará: la factura deberá utilizar un formato estructurado y procesable automáticamente. Podrá emplearse la solución pública gratuita de la Agencia Tributaria o una plataforma privada adaptada. Si se utiliza un sistema privado, deberá remitirse también una copia electrónica fiel a la solución pública.

Durante los primeros doce meses, los obligados desde 2027 deberán acompañar sus facturas electrónicas de un PDF legible, salvo que el destinatario acepte expresamente recibirlas en el formato estructurado original.

Comunicación de estados y pagos

El destinatario deberá informar de la aceptación o rechazo comercial de la factura y su fecha, así como de su pago efectivo completo y la fecha correspondiente. El plazo general de comunicación de los estados obligatorios será de cuatro días naturales, excluyendo sábados, domingos y festivos nacionales. La fecha de pago debe reflejar cuándo se recibe efectivamente el dinero, no cuándo se pone a disposición una financiación.

No debe confundirse con VERI*FACTU

VERI*FACTU y la normativa sobre programas de facturación regulan la integridad y trazabilidad de los registros. La factura electrónica B2B regula el intercambio estructurado de facturas y la comunicación de estados y pagos. Cumplir una normativa no garantiza cumplir automáticamente la otra.

Imagen ilustrativa de una villa en la Costa del Sol

La nueva fiscalidad de la vivienda en España: ¿seguirá siendo igual de rentable invertir en inmuebles?

Bajar el precio de un alquiler puede mejorar su rentabilidad después de impuestos. Alquilar una vivienda por temporadas cortas puede resultar más costoso. Y mantener propiedades vacías podría implicar una mayor carga fiscal.

Estas son algunas de las consecuencias del Real Decreto-ley 29/2026, publicado el pasado 7 de octubre, que introduce cambios importantes en la fiscalidad inmobiliaria española.

La reforma no solo modifica impuestos: puede cambiar la forma en la que propietarios e inversores toman sus decisiones.

1. ¿Cobrar menos alquiler y ganar más? Ahora puede ser posible.

Una de las novedades más interesantes afecta al IRPF de los propietarios que alquilan viviendas.

La nueva regulación contempla reducciones de hasta el 100% sobre el rendimiento neto positivo del alquiler, dependiendo de factores como el precio pactado, la duración del contrato, la ubicación de la vivienda o la edad del inquilino.

En determinados supuestos, reducir el alquiler más de un 5% puede permitir acceder a importantes ventajas fiscales.

Esto plantea una pregunta interesante: ¿es siempre más rentable subir el alquiler?

No necesariamente. En algunos casos, una renta ligeramente inferior puede traducirse en un resultado más favorable después de impuestos. La clave estará en analizar cada contrato y calcular la rentabilidad neta real.

2. Alquiler turístico: nuevas reglas, nuevos costes.

A partir del 1 de diciembre de 2026, los alquileres de viviendas amuebladas por estancias de hasta 30 noches estarán sujetos, con carácter general, al 10% de IVA, incluso cuando no se presten servicios hoteleros.

La norma contempla una excepción para determinados alquileres realizados en la vivienda habitual del propietario.

Para quienes gestionan apartamentos turísticos o alquileres de corta duración, el impacto va más allá de una cuestión fiscal. Será necesario revisar precios, facturación, contratos y, en su caso, la deducibilidad del IVA soportado.

En definitiva, una reforma que puede afectar directamente a los márgenes de explotación.

3. ¿Y si la vivienda está vacía?

La reforma también incrementa potencialmente el coste fiscal de mantener determinados inmuebles sin alquilar.

A partir de 2027, la imputación de rentas inmobiliarias incorporará una escala progresiva vinculada al valor catastral agregado de los inmuebles afectados.

Además, los ayuntamientos dispondrán de mayores facultades para aplicar recargos en el IBI a determinadas viviendas desocupadas y alojamientos turísticos, sujetos a las condiciones legales y a las correspondientes ordenanzas municipales.

Esto introduce una variable adicional para propietarios con varias viviendas: el coste fiscal de mantener un inmueble puede adquirir mayor peso en la rentabilidad de una cartera.

4. Nuevas oportunidades y obligaciones para los inversores.

La reforma también introduce incentivos para los inquilinos, amplía determinados supuestos de aplicación del IVA reducido en obras de renovación y reparación y modifica el régimen fiscal de las SOCIMI.

En estas últimas, los beneficios residenciales no distribuidos pueden quedar sujetos a un gravamen especial del 25%, con mecanismos de reducción vinculados a la vivienda asequible y al cumplimiento de determinados requisitos.

El mensaje para los inversores institucionales es claro: la composición de la cartera y la política de distribución y reinversión de beneficios adquieren una nueva relevancia fiscal.

Una reforma que invita a replantear la estrategia inmobiliaria

Lo verdaderamente relevante de esta nueva regulación no son únicamente los porcentajes o los nuevos tipos impositivos.

Es el cambio de enfoque: la fiscalidad empieza a desempeñar un papel todavía más importante en la elección entre alquiler habitual, alquiler de corta duración y mantenimiento de patrimonio inmobiliario.

Para propietarios, inversores y empresas inmobiliarias, anticiparse y analizar las consecuencias fiscales de cada decisión será fundamental.

Aunque el Real Decreto-ley ya ha entrado en vigor, su continuidad está sujeta al correspondiente proceso de convalidación parlamentaria, por lo que conviene seguir su evolución.

En MDG Advisors consideramos que una buena planificación fiscal no consiste únicamente en conocer las novedades legislativas, sino en comprender cómo afectan a las decisiones económicas y patrimoniales de cada cliente.

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VERIFACTU SE APLAZA HASTA OCTUBRE DE 2028: QUÉ DEBEN SABER LAS EMPRESAS

El proceso de digitalización de la facturación en España entra en una nueva fase. Una reciente nota informativa anuncia la intención de aplazar hasta octubre de 2028 las obligaciones pendientes de aplicación del Real Decreto 1007/2023, que regula los requisitos que deben cumplir los sistemas y programas informáticos utilizados en los procesos de facturación.

El objetivo declarado es alinear el calendario de estas obligaciones, habitualmente asociadas a VeriFactu, con el futuro sistema de facturación electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales para pymes, autónomos y demás negocios cuya facturación anual no supere los 8 millones de euros.

No obstante, conviene tener presente una cuestión jurídica importante: la fecha anunciada de octubre de 2028 todavía no se ha incorporado al texto consolidado vigente del Real Decreto 1007/2023. A día de hoy, la norma sigue estableciendo formalmente que los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades deberán tener adaptados sus sistemas antes del 1 de enero de 2027 y que el resto de obligados deberán hacerlo antes del 1 de julio de 2027. Por tanto, octubre de 2028 debe entenderse actualmente como el calendario anunciado, pendiente de la correspondiente modificación normativa y de su publicación en el BOE.

¿Por qué se aplaza la implantación?

La principal razón es conseguir una mayor coordinación normativa y técnica entre dos procesos de digitalización estrechamente relacionados: los requisitos de los sistemas informáticos de facturación regulados por el Real Decreto 1007/2023 y la futura obligación de facturación electrónica entre empresarios y profesionales.

La alineación de ambos calendarios pretende evitar que las empresas tengan que realizar dos adaptaciones tecnológicas relevantes en un corto espacio de tiempo. Para las pymes y los autónomos, esta coordinación resulta especialmente importante, ya que en muchos casos los mismos sistemas contables y de facturación deberán dar soporte a ambas obligaciones.

Además, el enfoque anunciado busca facilitar una futura convergencia con los requisitos de suministro digital de información derivados del paquete europeo VAT in the Digital Age (ViDA).

¿Qué se mantiene?

El aplazamiento no supone la desaparición de VeriFactu ni de sus principales exigencias técnicas.

La nota informativa señala expresamente que se mantendrán, en términos sustancialmente equivalentes, las garantías previstas en el Real Decreto 1007/2023 relativas a la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación, así como el resto de garantías técnicas exigibles a los sistemas.

En la práctica, el objetivo sigue siendo garantizar que los programas de facturación generen registros fiables y que las facturas o los datos de facturación no puedan eliminarse o alterarse sin dejar la correspondiente trazabilidad.

¿Deben las empresas dejar de prepararse?

No. El aplazamiento concede más tiempo, pero ese tiempo debería utilizarse para planificar la adaptación de forma más eficiente, no para ignorarla.

Las empresas que estén actualmente valorando un cambio de ERP, programa de facturación o software contable deberían seguir analizando si el sistema elegido podrá adaptarse tanto al marco de VeriFactu como a la futura facturación electrónica obligatoria. Elegir desde ahora una solución preparada para ambos entornos puede evitar costes duplicados de implantación en el futuro.

También es importante diferenciar entre quienes utilizan verdaderos sistemas informáticos de facturación y quienes emiten facturas mediante herramientas más simples. La aplicación del Real Decreto 1007/2023 depende de las características y funcionalidades del sistema utilizado, por lo que debe analizarse cada caso concreto.

Conclusión práctica

El aplazamiento anunciado hasta octubre de 2028 supone una noticia favorable para muchas pymes y profesionales, ya que concede un margen adicional para preparar la transformación digital de la facturación en España.

Sin embargo, las empresas deben seguir pendientes de la modificación normativa formal antes de considerar octubre de 2028 como la fecha legal definitiva. La norma vigente todavía contiene los plazos de 2027 y será necesario revisar el texto final que se publique para confirmar el nuevo calendario y el grado de coordinación entre VeriFactu, la factura electrónica B2B obligatoria y las futuras obligaciones europeas de reporte digital.

Para las empresas que ya estén revisando sus procesos de facturación, la recomendación no es detener los trabajos, sino aprovechar el margen adicional para realizar la adaptación de forma ordenada y eficiente.

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VERI*FACTU 2027: por qué las empresas españolas deben tratar el plazo como un proyecto de sistemas

La cuenta atrás ya es operativa.

Las sociedades sujetas al Impuesto sobre Sociedades deberán disponer de sistemas de facturación adaptados antes del 1 de enero de 2027. Para los autónomos y restantes obligados incluidos en la normativa, la fecha será el 1 de julio de 2027. A menos de tres meses del primer plazo, VERI*FACTU ha dejado de ser una reforma futura: es un proyecto de sistemas, control interno y continuidad del negocio.

La regulación procede del Real Decreto 1007/2023 y sus modificaciones posteriores. Su finalidad es garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación. La Agencia Tributaria actualizó sus preguntas frecuentes detalladas el 21 de julio de 2026, aclarando aspectos relevantes sobre el ámbito, la implantación y los programas antiguos.

¿Quién está incluido y quién no?

El régimen se aplica, con carácter general, a quienes utilizan sistemas informáticos de facturación y tributan por el Impuesto sobre Sociedades, a las personas físicas con actividades económicas en el IRPF y a no residentes que operan mediante establecimiento permanente en España. Su ámbito territorial es el territorio común.

Una exclusión importante afecta a los contribuyentes que llevan sus libros de IVA mediante el Suministro Inmediato de Información. Las empresas incluidas en el SII no deben adaptar esos procesos de facturación a los requisitos del Real Decreto 1007/2023. No obstante, los grupos deben comprobarlo entidad por entidad: una filial española puede aplicar el SII y otra no.

También quedan fuera las operaciones respecto de las cuales no exista obligación legal de expedir factura. Esto no equivale a una exención general para pequeñas empresas o para quienes emiten pocas facturas.

VERI*FACTU es una modalidad

La terminología genera una confusión habitual. El reglamento regula los Sistemas Informáticos de Facturación o SIF. VERI*FACTU es una de las dos modalidades permitidas, no la única forma de cumplimiento.

Un sistema VERI*FACTU remite automáticamente a la Agencia Tributaria un registro estructurado de facturación, de manera segura y continuada, cuando se expide cada factura. El cliente puede utilizar su código QR para comprobar el registro.

Un sistema adaptado no verificable no envía inmediatamente cada registro. A cambio, debe conservarlo e incorporar mayores garantías internas, como firma electrónica y registro de eventos, para asegurar su integridad y trazabilidad. Ambas modalidades exigen software adaptado, registros encadenados y la información QR correspondiente. La elección debe basarse en conectividad, gobierno de datos, almacenamiento, controles y necesidades de auditoría, y no únicamente en el deseo de evitar el envío de información.

La facturación manual exige un análisis cuidadoso

La normativa se dirige a sistemas que reciben información de facturación, la conservan y la procesan para producir facturas u otros resultados derivados. Quienes facturen exclusivamente de forma verdaderamente manual, sin ayuda de un SIF, pueden quedar fuera de estos requisitos.

El nombre de la herramienta no es decisivo. Un documento Word o una hoja de cálculo utilizados como simple plantilla manual pueden diferenciarse de un archivo que almacena datos, realiza cálculos, controla series, genera información contable o alimenta otra aplicación. Lo relevante son las funciones y la integración. La empresa debe documentar su análisis y no presumir que utilizar “Excel” implica automáticamente una exclusión.

Tampoco se traslada la responsabilidad tributaria por externalizar la preparación de las facturas. Aunque las expida materialmente un cliente, asesor, plataforma o tercero, la empresa que realiza las operaciones continúa siendo responsable del cumplimiento.

El riesgo de los programas antiguos

Las preguntas frecuentes de la AEAT contienen una advertencia especialmente relevante. Tras el plazo aplicable de 2027, conservar un sistema no adaptado que todavía pueda emitir facturas puede constituir por sí mismo una infracción, aunque la empresa afirme que ya no lo utiliza.

Los datos históricos pueden mantenerse para su consulta, pero la aplicación antigua debe desinstalarse, deshabilitarse o quedar técnicamente impedida para crear nuevas facturas. Este aspecto debe integrarse en el plan de migración. Trasladar la facturación diaria a una plataforma nueva dejando operativo el programa anterior en un servidor no controla adecuadamente el riesgo.

El artículo 201 bis de la Ley General Tributaria establece una sanción fija de 50.000 euros por ejercicio por la tenencia de sistemas que deban estar certificados y no lo estén, o cuando se hayan alterado dispositivos certificados. Por ello, documentar la retirada del sistema anterior es tan importante como implantar el nuevo.

Cinco actuaciones antes de enero

Las sociedades españolas deberían completar ahora cinco líneas de trabajo:

  • Identificar todos los canales de facturación: ERP, terminales de venta, comercio electrónico, aplicaciones móviles, hojas de cálculo, marketplaces y acuerdos de autofacturación.
  • Confirmar el ámbito de aplicación para cada entidad, incluyendo su situación respecto del SII y posibles establecimientos permanentes.
  • Obtener del proveedor la declaración responsable que identifique la versión adaptada y si funciona en modalidad VERI*FACTU, no verificable o dual.
  • Probar series, rectificaciones, anulaciones, códigos QR, incidencias sin conexión y la integración entre facturación, contabilidad y declaraciones tributarias.
  • Planificar la transición, inutilizar las funciones de emisión de los programas antiguos y conservar accesible la información histórica.

Los grupos internacionales afrontan una dificultad adicional. Un ERP global puede ser adecuado desde el punto de vista comercial y, sin embargo, carecer del formato español, hash encadenado, código QR, registro de eventos o funciones de remisión. Los equipos fiscales y tecnológicos locales deben probar la configuración española y no limitarse a una confirmación general del grupo.

Conclusión

VERI*FACTU no es solo un nuevo diseño de factura. Modifica la forma de crear, enlazar, proteger, enviar o conservar los datos de facturación. Las empresas mejor preparadas para el 1 de enero de 2027 serán aquellas que asignen responsabilidades entre fiscalidad, finanzas, tecnología y operaciones, documenten sus decisiones y prueben el ciclo completo de facturación antes del cierre del ejercicio.