Más allá de las obligaciones registrales, y la posible tributación en el Impuesto sobre la Renta, surge la cuestión de la tributación sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido, o Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Para responder a estas preguntas, es necesario acudir al Artículo 338 de la Ley 6/2023, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.
Este artículo establece que, como regla general, la transmisión de valores —ya estén admitidos o no a negociación en un mercado secundario oficial— está exenta de IVA y de TPO/AJD. Se trata de una medida que busca fomentar la liquidez y eficiencia de los mercados financieros, evitando que las operaciones de compraventa de valores se vean obstaculizadas por cargas fiscales que podrían desincentivar la inversión.
No obstante, la norma introduce una excepción importante: cuando se transmiten valores no admitidos a negociación en un mercado secundario oficial y dicha operación se utiliza para eludir la tributación de bienes inmuebles, la transmisión no estará exenta. En ese caso, la operación tributará como si se tratara de una transmisión onerosa de inmuebles. Con ello, el legislador pretende prevenir el fraude fiscal, asegurando que las operaciones con valores no se conviertan en un mecanismo para evitar el pago de impuestos que corresponderían a la compraventa de inmuebles.
El artículo 338 sustituye al antiguo artículo 314 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, manteniendo prácticamente la misma redacción. Se establecen en el mismo varios supuestos en los que se entiende, salvo prueba en contrario, que se actúa con ánimo de elusión del pago de impuestos, lo que no implica que no existan otros casos no plasmados en la legislación.
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