2025 ES

En diciembre de 2025, el Gobierno aprobó una nueva prórroga en la obligación de implantar el sistema de facturación verificable Verifactu. (Noticias Jurídicas)

Las nuevas fechas de vigencia son:

• Para empresas sujetas al Impuesto de Sociedades: 1 de enero de 2027. 
• Para el resto de empresas y, en su caso, autónomos y profesionales: 1 de julio de 2027. 

En la práctica, esto significa que la obligación formal de emitir facturas bajo el estándar Verifactu queda aplazada un año adicional. 

¿Qué es Verifactu y por qué importa?

Verifactu es el sistema de facturación electrónica diseñada por Agencia Tributaria (AEAT) cuyo objetivo es garantizar la autenticidad, integridad y trazabilidad de las facturas emitidas por empresas y profesionales. 

Las facturas emitidas bajo Verifactu deben generarse mediante software certificado, incluir un identificador único y, en su caso, un código QR, y quedar registradas de forma segura para que la AEAT pueda acceder a ellas en cualquier momento. 

El fin de esta normativa es reforzar el control contra el fraude fiscal, mejorar la transparencia y homogeneizar la facturación electrónica en España. 

¿Qué implica la moratoria para su empresa?

Lo positivo — más tiempo para preparar la transición

• Plazo adicional para adaptar sistemas: Si aún no han incorporado software compatible o lo están implementando, ahora tienen más margen, hasta 2027, para hacerlo con tranquilidad.
• Menor prisa en inversión tecnológica inmediata: Evita decisiones precipitadas en diciembre de 2025 — puede planificarse con mayor previsión.
• Posibilidad de revisar con calma procesos internos: Oportunidad para coordinar contabilidad, emisión de facturas, archivo y reporting interno antes de la obligatoriedad efectiva.

Pero no significa que puedan dejarlo todo para el final

• La moratoria solo aplaza la obligación; el sistema sigue previsto. Hay que continuar planificando.
• Si su empresa ya había iniciado la adaptación —cambio de software, procesos internos, formación—, deben revisar esos planes a la luz del nuevo plazo (y prever que los proveedores actualicen su software).
• La incertidumbre normativa sigue vigente: el aplazamiento refleja dificultades organizativas, lo que subraya la importancia de acompañar la transición con asesoramiento. 

Qué recomendaría nuestra asesoría — pasos a dar ya

Como su asesoría, les proponemos las siguientes acciones para aprovechar el plazo extra y asegurar una transición ordenada:

1. Evaluación del sistema actual de facturación
   Revisar si su software de facturación cumple los requisitos técnicos que exige Verifactu (certificación, registro inalterable, posibilidad de generar identificadores únicos, etc.).
2. Planificación de la adaptación tecnológica
   Si es necesario cambiar o actualizar software, definir los plazos internos, costes, pruebas y formación de personal con tiempo suficiente.
3. Diseño de procesos internos robustos
   Preparar un procedimiento estándar de emisión, archivo y backup de facturas conforme al nuevo sistema; definir responsabilidades dentro de la empresa.
4. Comunicación y formación interna
   Informar a todo el equipo —finanzas, contabilidad, administración— sobre la importancia de la nueva normativa y su uso correcto.
5. Simulación de escenarios de adaptación
   Realizar pruebas piloto con el nuevo sistema antes de su obligatoriedad, para detectar errores o fallos de integración.

Qué significa esta moratoria para su empresa a mediano plazo

Aunque la moratoria puede parecer una tregua, no elimina la obligación — solo la aplaza. Lo ideal no es esperar a 2026 o 2027 para actuar, sino aprovechar desde ahora este margen para:

• Implementar con calma un sistema moderno de facturación.
• Reducir riesgos de sanciones futuras por incumplimiento.
• Optimizar los procesos contables y administrativos, mejorando eficiencia y así ahorrar tiempo y costes.
• Aprovechar la transición para implantar buenas prácticas de control interno y archivo digital seguro.

Conclusión

La decisión del Gobierno de aplazar hasta 2027 la obligatoriedad de Verifactu ofrece a su empresa una valiosa oportunidad para adaptarse con tranquilidad. Sin embargo —y siendo realistas—, la moratoria no debe interpretarse como un retraso indefinido: el sistema será obligatorio, y conviene prepararse cuanto antes.

Desde nuestra asesoría fiscal estamos a su disposición para acompañarles en todo el proceso: desde la evaluación del sistema actual, hasta la implantación del nuevo software, pasando por la formación del equipo y la definición de procesos internos. Si lo desean, podemos organizar una sesión informativa para clientes, explicar en detalle la normativa y preparar un plan de acción personalizado según su estructura.

Nos gustaría informarle de un reciente cambio interpretativo que afecta a los contribuyentes acogidos al régimen fiscal especial para expatriados, comúnmente conocido como Ley Beckham, en relación con el tratamiento de su residencia principal en España.

Como es bien sabido, este régimen permite a determinadas personas que se trasladan a España tributar como si fueran no residentes: en términos generales, se aplica un tipo fijo a determinados ingresos obtenidos en España y no están sujetos al impuesto sobre la renta por sus ingresos mundiales. Sin embargo, a la hora de su aplicación, siempre han existido dudas sobre hasta qué punto deben seguirse las normas del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Uno de los aspectos que más incertidumbre había suscitado era la imputación de las rentas inmobiliarias. En concreto, se planteaba la cuestión de si el contribuyente impatriado debía declarar una renta presunta por los inmuebles que poseía en España y que estaban a su disposición, incluso cuando dichos inmuebles eran su residencia habitual y no estaban alquilados.

Hasta hace poco, existían criterios más favorables para los contribuyentes. En concreto, algunas resoluciones judiciales habían sostenido que, aplicando por analogía la lógica del impuesto sobre la renta de las personas físicas, la residencia habitual del impatriado no debía generar una imputación de renta, al igual que ocurre con la residencia habitual de un contribuyente residente «ordinario» en España.

Sin embargo, en una sentencia reciente, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha modificado este enfoque y ha concluido que los contribuyentes acogidos a la Ley Beckham deben tributar por los inmuebles que tienen a su disposición en España, incluso cuando se trate de su residencia habitual. En la práctica, esto significa que el impatriado es tratado, a estos efectos, como un propietario no residente de un inmueble urbano para su propio uso.

Desde el punto de vista de nuestro despacho, esta sentencia refuerza la idea de que:

Los regímenes especiales, como los destinados a los impatriados, pueden resultar muy atractivos desde el punto de vista fiscal, pero también están especialmente expuestos a los cambios en los criterios interpretativos de la Administración y los tribunales.

Este contexto aumenta el nivel de revisión y control sobre este perfil de contribuyentes y hace aún más aconsejable un análisis individualizado de cada caso concreto.